La Legislatura bonaerense convirtió en ley la emergencia económica, financiera y tarifaria para las Empresas Recuperadas de la Provincia. Con esta medida se respaldan más de 130 cooperativas de trabajo y más de 4.000 trabajadores/as que a diario son sostén de sus familias en toda la Provincia.
Las Empresas Recuperadas de la Provincia cumplen con la obligación de su inscripción en el Registro Provincial de Cooperativas, obligación que se encuentra verificada a través del Censo de Empresas y Fábricas Recuperadas que implementó el IPAC para conocer tanto la situación productiva como la situación del inmueble de cada empresa y fábrica recuperada por sus trabajadores y trabajadoras para mejorar las políticas públicas destinadas al sector y resguardar sus derechos según se establece en la Ley 15.485.
La ley de emergencia económica, financiera y tarifaria para empresas recuperadas contempla la suspensión de ejecución de sentencias de desalojo, como así también en el corte de servicios públicos provinciales de distribución de energía eléctrica, de agua potable y desagües cloacales. También faculta al Poder Ejecutivo a extender nuevamente la medida si persisten las circunstancias que motivaron su declaración.
El texto de la norma establece que se encuentran alcanzadas por la emergencia las empresas conformadas como cooperativa de trabajo, o con trámite de constitución, que se encuentren gestionadas por sus trabajadores y trabajadoras provenientes de una empresa anterior que entró en cesación de actividades, quiebra, cierre del establecimiento, abandono de los titulares, desmantelamiento, vaciamiento por parte de los empleadores, trasvasamiento o cesión a favor de los trabajadores de maquinarias, inmuebles o activos, disolución de la sociedad con causal de liquidación o de cierre por cualquier causa. Además sostiene que los sujetos previstos por la normativa deberán estar inscriptos en el Registro Provincial de Cooperativas.
Con la sanción definitiva de la ley, las empresas recuperadas de la Provincia conservarán durante los próximos tres años las herramientas de protección previstas por la legislación provincial.